domingo, 14 de abril de 2013

Reforma de la Administración Local



El Parlamento autonómico ha aprobado en los últimos años hasta tres normas fundamentales para el desarrollo del municipalismo: el Estatuto de Autonomía, la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) y la Ley de Participación en los Tributos Propios de la Comunidad Autónoma. Son innovadoras y apuestan claramente por el municipalismo; regulando, entre otros aspectos, las competencias propias; el papel de las diputaciones; los mecanismos de asociación entre municipios o la regulación de la financiación; un grave problema no resuelto, con efectos tremendos en la población, ya que si hay menos ingresos se resienten los servicios que se prestan.

Andalucía muestra de esta manera, pues, su voluntad clara y firme de reforzar la administración local. Y, en este sentido, me preocupa que el anteproyecto de reforma de la administración local presentado por el Gobierno Central no haya tenido, ni, por un lado, debate con la representación de los ayuntamientos; ni, por otro lado, un intento serio de acuerdo. Considero que en este tema es imprescindible un acuerdo amplio entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Sin embargo, nos encontramos con el hecho de que hay discrepancias. Al respecto, creo no sería bueno un acuerdo entre los diferentes partidos antes de llevarla al Congreso.

Me preocupa, además, que en el afán por evitar duplicidades se borre a los ayuntamientos de ciertas gestiones, lo que mermaría prestaciones fundamentales como los servicios sociales que, según el anteproyecto, dejan de ser competencia municipal. Cuidado, es una competencia de proximidad, y quien mejor la gestiona es quien está día a día con la gente, otra cosa es la financiación. Conviene no equivocarse en esto, pues es un tema muy sensible a la ciudadanía. 

Y me preocupa igualmente que, en el afán por evitar duplicidades se dejen de compartir competencias, algo muy necesario, por ejemplo, en Educación, donde del ayuntamiento dependen los terrenos, la licencia de obra o la limpieza; de la Junta la construcción o el profesorado; y del Ministerio los planes de estudio o las becas. Es una materia compartida y la ley regula la financiación. Eso no es duplicidad.

En definitiva, allí donde haya duplicidades que se eliminen, que hay que optimizar los recursos para evitar despilfarros, claro que sí, ahí siempre estaré del lado de quien apoya el rigor y la seriedad en la gestión de cualquier dinero público. Pero el objetivo del equilibrio presupuestario no debe anteponerse a todo lo demás. El fin no es el equilibrio presupuestario sino prestar mejores servicios a los ciudadanos; porque lo que legitima a una administración ante los ciudadanos es su carácter de servicio público, que sirva para resolver los problemas de la gente.

La ciudadanía, en estos momentos, espera y quiere de los políticos el máximo de acuerdos, sobre todo en los grandes temas. Y la reforma local, está entre ellos. No la defraudemos.

Andalucía, 14 de abril de 2013
Manuel Gracia Navarro
Presidente del Parlamento de Andalucía

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