domingo, 21 de julio de 2013

Decreto antidesahucios



     Nuestra Constitución, en su artículo 47, consagra el derecho a una vivienda digna en la que los poderes públicos promoverán las condiciones y normas para hacer efectivo este derecho; y regulando de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

     En esa línea trabajamos en el Parlamento, donde se ha abordado reiteradamente el problema actual de la vivienda y se ha debatido para establecer las medidas legislativas que solucionen esta situación creada por la crisis y se ponga fin al drama de los desahucios que sufren miles de familias.

     Como resultado de todo ello, y tras la puesta en marcha del Programa en Defensa de la Vivienda (2012) por parte del Ejecutivo andaluz, nuestro Parlamento tramitó el Decreto 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Este Decreto se ha convalidado en la comisión correspondiente y ya estaba dando sus frutos, al beneficiarse decenas de andaluces de él y conservar su casa.

     Se consumaba con ello la prueba de que en Andalucía se legisla de otra manera, pensando en el interés general, a favor de la ciudadanía; y ayudando a quien más lo necesita en esta crisis. Sin embargo, el Gobierno de España ha decidido recurrir el decreto anti desahucios ante el Tribunal Constitucional.

     El PP ya desarboló en el Congreso intentos de legislar en otra dirección en este ámbito, como la Ley de Segunda Oportunidad (PSOE), o la ILP para frenar los desahucios, avalada por casi millón y medio de personas. Ahora arremete contra Andalucía y su ámbito de competencias en una estrategia que demuestra que le preocupa más el sistema financiero que las personas.

     La presentación del recurso, y su admisión a trámite, supone que el decreto estará sin aplicarse, como mínimo, cinco meses. Toda una eternidad para aquellas familias que esperaban acogerse a su beneficio social, e incertidumbre para las que ya se habían acogido. Esto significa un duro revés a la esperanza de miles de andaluces y andaluzas a los que la crisis los puede dejar sin nada.

     Más allá de trifulcas políticas, el daño social y humano que se hace con esta decisión es tremendo. Deseo que cuanto antes se resuelva este recurso y se pueda seguir aplicando una norma que respaldó el Parlamento de Andalucía entendiéndola siempre plenamente legal y constitucional.

     A duras penas podremos aspirar a construir una sociedad justa y desarrollada si dejamos atrás a quienes lo están pasando mal. Hemos de tender la mano para ayudar a quien sufre, y las instituciones públicas, las primeras. Entendámonos y trabajemos todos juntos por las personas, en Andalucía y en España.

Andalucía, 21 de julio de 2013
Manuel Gracia Navarro
Presidente del Parlamento de Andalucía

2 comentarios:

  1. Estoy completamente de acuerdo con su opinión Sr. Gracia. Ojalá pronto se desbloquee el decreto.

    ResponderEliminar
  2. A la vuelta de vacaciones. ¿Cómo está este tema? ¿Se avanza en algo o nos vuelven a tomar el pelo?

    ResponderEliminar

Los comentarios del blog son moderados. Su publicación y la posible respuesta se tramitarán lo antes posible, pero pueden demorarse hasta 24 horas. Consulta las directrices básicas de participación en este enlace.